Comunicado de prensa R152/18. OEA
La Relatoría Especial manifiesta preocupación por
condenas penales por desacato en Cuba
17 de julio de 2018
Washington D.C. – La Relatoría Especial para la Libertad
de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
manifiesta su grave preocupación por la condena penal, seguida de prisión,
dictada en Cuba contra el doctor en Ciencias Biológicas, Ariel Ruiz Urquiola,
por el delito de desacato, la que se suma a la condena de Eduardo Cardet
Concepción, coordinador del Movimiento Cristiano Liberación (MCL), quien
permanece hace más de un año en prisión.
La Relatoría Especial advierte sobre el recrudecimiento
en la criminalización de académicos, periodistas, artistas y activistas,
mediante la aplicación de delitos que sancionan la crítica a funcionarios
públicos en Cuba. En muchos de estos casos, los procesos suponen la privación
de libertad inmediata de quienes expresan opiniones, información, o crítica,
sobre temas de interés público, o que refieren a funcionarios del gobierno.
Según la información disponible, el 8 de mayo, Ariel Ruiz
Urquiola fue condenado a un año de detención por el Tribunal Municipal de
Viñales, en un juicio sumario, por el delito de desacato. Dicha decisión fue
confirmada el 22 de mayo en apelación por la Sala Primera de lo Penal del
Tribunal Provincial Popular de Pinar del Río. El 3 de julio, el biólogo fue
liberado bajo una “licencia extrapenal” por motivos de salud, después de que
llevara adelante 16 días en huelga de hambre y sed en protesta por su
situación.
De acuerdo con información de público conocimiento, el 3
de mayo, Oficiales del cuerpo de Guardabosques del Ministerio del Interior
habrían ingresado en las tierras que Ruiz Urquiola usufructuaría en el Parque
Nacional de Viñales, a fin de solicitarle que les mostrara la propiedad de sus
instrumentos de trabajo y los permisos legales para las actividades que realizaría.
Según lo informado, los funcionarios se habrían negado a mostrar identificación
oficial, por lo que el biólogo se refirió a estos como “guardias rurales”,
término que en el país tendría una connotación negativa. En el mismo día, Ruiz
Urquiola fue detenido y acusado por la comisión del delito de desacato en
contra de los Guardabosques.
Anteriormente, en 2016, Ruiz Urquiola habría sido
expulsado del Centro de Investigaciones Marinas (CIM) de la Universidad de La
Habana supuestamente por sus opiniones políticas y por haber denunciado en un
evento académico en 2008, a través de los resultados de su investigación
doctoral, que el gobierno permitía la pesca de tortugas en peligro de
extinción.
Asimismo, la Relatoría Especial fue informada que Martha
Sánchez González, miembro de las Damas de Blanco estaría detenida desde marzo
de 2018, imputada del delito de desobediencia y desacato.
La Relatoría Especial observa con preocupación que la
utilización en Cuba del delito de desacato en estos casos no constituye un
hecho aislado. En Cuba el derecho penal y el delito de desacato son utilizados
como mecanismos de responsabilidades ulteriores en perjuicio de personas que
difunden ideas, opiniones e informaciones críticas hacia el gobierno. En este
sentido, fue reportado que Eduardo Cardet Concepción, coordinador del
Movimiento Cristiano Liberación (MCL), seguiría detenido tras una condena en
marzo de 2017 por el delito de atentado contra la autoridad. Según lo
informado, Cardet Concepción habría sido detenido el 30 de noviembre de 2016,
pocos días después de la muerte de Fidel Castro, tras presuntamente criticar al
ex Presidente cubano en una entrevista, en el denominado periodo de duelo
nacional impuesto por el gobierno de Cuba. El 24 de febrero de 2018, la CIDH otorgó
medidas cautelares a su favor para que el gobierno cubano adoptara las medidas
necesarias para garantizar su vida e integridad personal.
Desde su creación, la Relatoría ha analizado el problema
de las leyes de desacato por el peligro de que se conviertan en un mecanismo
para silenciar el debate pluralista y democrático en torno de la gestión de
gobierno. Sobre el particular, la Relatoría Especial ha sostenido en diversas
oportunidades que las “leyes de desacato” no son compatibles con el Sistema Interamericano
de Derechos Humanos, al atentar contra la libertad de pensamiento y de
expresión, previstos en los artículos IV de la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre y 13 de la Convención Americana. Lo anterior,
debido a que estas normas se prestan “al abuso, como medida para acallar ideas
y opiniones impopulares, con lo cual se restringe un debate que es fundamental
para el funcionamiento eficaz de las instituciones democráticas”.
La Relatoría Especial observa que en la mayoría de los
Estados de las Américas el delito de desacato por ofensas ha sido eliminado de
la legislación penal. Igualmente, en distintos Estados se han derogado o
modificado las leyes que criminalizan la difamación de funcionarios públicos.
De este modo, esta Oficina llama al Estado cubano a adecuar su marco jurídico a
los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión.
Finalmente, la Relatoría Especial recuerda al gobierno
cubano que el principio 11 de la Declaración de Principios sobre Libertad de
Expresión, establece que “los funcionarios públicos están sujetos a un mayor
escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión
ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como ‘leyes de
desacato’ atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la
información”.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es
una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a
fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de
pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación
y el desarrollo del sistema democrático.
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Datos de contacto:
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión
Tel. (+1) 202 370 0816
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