quarta-feira, 18 de julho de 2018

OEA manifesta preocupação com ataques à liberdade de expressão em Cuba


Comunicado de prensa R152/18. OEA

La Relatoría Especial manifiesta preocupación por condenas penales por desacato en Cuba

17 de julio de 2018
 
Washington D.C. – La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su grave preocupación por la condena penal, seguida de prisión, dictada en Cuba contra el doctor en Ciencias Biológicas, Ariel Ruiz Urquiola, por el delito de desacato, la que se suma a la condena de Eduardo Cardet Concepción, coordinador del Movimiento Cristiano Liberación (MCL), quien permanece hace más de un año en prisión.

La Relatoría Especial advierte sobre el recrudecimiento en la criminalización de académicos, periodistas, artistas y activistas, mediante la aplicación de delitos que sancionan la crítica a funcionarios públicos en Cuba. En muchos de estos casos, los procesos suponen la privación de libertad inmediata de quienes expresan opiniones, información, o crítica, sobre temas de interés público, o que refieren a funcionarios del gobierno.

Según la información disponible, el 8 de mayo, Ariel Ruiz Urquiola fue condenado a un año de detención por el Tribunal Municipal de Viñales, en un juicio sumario, por el delito de desacato. Dicha decisión fue confirmada el 22 de mayo en apelación por la Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Pinar del Río. El 3 de julio, el biólogo fue liberado bajo una “licencia extrapenal” por motivos de salud, después de que llevara adelante 16 días en huelga de hambre y sed en protesta por su situación.

De acuerdo con información de público conocimiento, el 3 de mayo, Oficiales del cuerpo de Guardabosques del Ministerio del Interior habrían ingresado en las tierras que Ruiz Urquiola usufructuaría en el Parque Nacional de Viñales, a fin de solicitarle que les mostrara la propiedad de sus instrumentos de trabajo y los permisos legales para las actividades que realizaría. Según lo informado, los funcionarios se habrían negado a mostrar identificación oficial, por lo que el biólogo se refirió a estos como “guardias rurales”, término que en el país tendría una connotación negativa. En el mismo día, Ruiz Urquiola fue detenido y acusado por la comisión del delito de desacato en contra de los Guardabosques.

Anteriormente, en 2016, Ruiz Urquiola habría sido expulsado del Centro de Investigaciones Marinas (CIM) de la Universidad de La Habana supuestamente por sus opiniones políticas y por haber denunciado en un evento académico en 2008, a través de los resultados de su investigación doctoral, que el gobierno permitía la pesca de tortugas en peligro de extinción.

Asimismo, la Relatoría Especial fue informada que Martha Sánchez González, miembro de las Damas de Blanco estaría detenida desde marzo de 2018, imputada del delito de desobediencia y desacato.

La Relatoría Especial observa con preocupación que la utilización en Cuba del delito de desacato en estos casos no constituye un hecho aislado. En Cuba el derecho penal y el delito de desacato son utilizados como mecanismos de responsabilidades ulteriores en perjuicio de personas que difunden ideas, opiniones e informaciones críticas hacia el gobierno. En este sentido, fue reportado que Eduardo Cardet Concepción, coordinador del Movimiento Cristiano Liberación (MCL), seguiría detenido tras una condena en marzo de 2017 por el delito de atentado contra la autoridad. Según lo informado, Cardet Concepción habría sido detenido el 30 de noviembre de 2016, pocos días después de la muerte de Fidel Castro, tras presuntamente criticar al ex Presidente cubano en una entrevista, en el denominado periodo de duelo nacional impuesto por el gobierno de Cuba. El 24 de febrero de 2018, la CIDH otorgó medidas cautelares a su favor para que el gobierno cubano adoptara las medidas necesarias para garantizar su vida e integridad personal.

Desde su creación, la Relatoría ha analizado el problema de las leyes de desacato por el peligro de que se conviertan en un mecanismo para silenciar el debate pluralista y democrático en torno de la gestión de gobierno. Sobre el particular, la Relatoría Especial ha sostenido en diversas oportunidades que las “leyes de desacato” no son compatibles con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al atentar contra la libertad de pensamiento y de expresión, previstos en los artículos IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y 13 de la Convención Americana. Lo anterior, debido a que estas normas se prestan “al abuso, como medida para acallar ideas y opiniones impopulares, con lo cual se restringe un debate que es fundamental para el funcionamiento eficaz de las instituciones democráticas”.

La Relatoría Especial observa que en la mayoría de los Estados de las Américas el delito de desacato por ofensas ha sido eliminado de la legislación penal. Igualmente, en distintos Estados se han derogado o modificado las leyes que criminalizan la difamación de funcionarios públicos. De este modo, esta Oficina llama al Estado cubano a adecuar su marco jurídico a los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión.

Finalmente, la Relatoría Especial recuerda al gobierno cubano que el principio 11 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, establece que “los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como ‘leyes de desacato’ atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información”.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.

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Datos de contacto:
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión
Tel. (+1) 202 370 0816
cidhexpresion@oas.org
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Nuestra dirección de correo postal es:
CIDH / IACHR
Sede / Headquarters
1889 F Street NW
Washington, D.C. 20006

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Claudia Cruz é condenada

No mesmo processo, também apelaram o ex-diretor da Petrobras Jorge Luiz Zelada e o lobista João Augusto Rezende Henriques.

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) condenou hoje Cláudia Cordeiro Cruz, mulher do ex-deputado federal Eduardo Cunha, a 2 anos e 6 meses de reclusão, por manter depósitos não declarados no exterior. 

O pedido de Cláudia para que fosse anulado o perdimento de bens decretado pela 13ª Vara Federal de Curitiba foi concedido pelo tribunal.

Cláudia, ré nos autos da Operação Lava Jato, havia sido absolvida em maio do ano passado pelo juiz federal Sérgio Moro dos crimes de lavagem de dinheiro e evasão fraudulenta de divisas por insuficiência de provas. Entretanto, o magistrado decretou o confisco de 176.670,00 francos suíços da conta em nome da Kopek, sob o entendimento de que os valores seriam provenientes de contas controladas por Eduardo Cunha.

A 8ª Turma absolveu Cláudia do crime de lavagem de dinheiro e, diante de sua absolvição e ausente demonstração inequívoca de que os valores constantes na conta Kopek são frutos de ilícitos perpetrados anteriormente, foi determinada a liberação do confisco sobre a sua conta. A pena deverá ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos.

No mesmo processo, também apelaram o ex-diretor da Petrobras Jorge Luiz Zelada e o lobista João Augusto Rezende Henriques. A 8ª Turma deu provimento ao apelo do Ministério Público Federal (MPF) e aumentou a pena de Zelada de 6 anos para 8 anos, 10 meses e 20 dias por crime de corrupção passiva, com base no pedido de recálculo feito pelo MPF. Henriques, condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, teve a pena aumentada de 7 anos para 16 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão, porque o colegiado entendeu que houve concurso material, quando as penas são somadas, e não concurso formal, quando os crimes ficam associados, com uma pena maior para o segundo.

O empresário Idalécio de Castro Rodrigues de Oliveira, absolvido em primeiro grau, teve o recurso do Ministério Público Federal julgado procedente pelo tribunal e ele foi condenado a 12 anos e 8 meses por corrupção ativa e lavagem de dinheiro.

Definido novo modelo de gestão da TVE e FM Cultura


Definido novo modelo de gestão da TVE e FM Cultura

O governo do Estado surpreendeu ao escolher o novo modelo de gestão da TVE e FM Cultura, administradas pela extinta Fundação Piratini. O projeto escolhido pelo presidente Orestes de Andrade Jr., divulgado há pouco em seu Facebook, é a concessão da operação das duas emissoras. Esta é a mesma fórmula utilizada há anos pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Vereadores de Porto Alegre, Supremo Tribunal Federal (STF), Câmara e Senado Federal, entre outros. “A concessão é só da operação, o Estado manterá o controle das outorgas e das linhas de programação, ou seja, do conteúdo”, garante Orestes de Andrade Jr.

A execução da operação de TV será feita por uma empresa privada escolhida via licitação pública, que será lançada só depois das eleições. O teto será R$ 20,4 milhões, metade do valor gasto atualmente pelo governo estadual com a Fundação Piratini, que consumia 82% dos recursos exclusivamente com folha de pessoal.

O novo modelo tem uma ousadia que é novidade na gestão das TVs educativas estaduais. A empresa que ganhar a licitação para fazer a operação da TVE e da FM Cultura terá de investir o mesmo valor que receber do Estado na produção audiovisual gaúcha. Por exemplo: se a licitação sair por R$ 20 milhões, a empresa terá de abrir um editar para selecionar séries, programas e documentários também com o montante de R$ 20 milhões.

Isso é possível graças ao Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), administrado pela Ancine, que banca este tipo de edital para as TVs educativas com uma pífia contrapartida de 3,5%. É o dinheiro mais barato existente no marcado.

“Esta é a cereja do bolo do novo modelo. Ninguém faz isso no Brasil! Nas minhas contas, o Estado sairá ganhando”, destaca Orestes Jr., que além da economia ainda ressalta a eliminação do risco de passivo trabalhista e a economia com a digitalização das retransmissoras.

A cada ano, o percentual recebido pela empresa vencedora da licitação será 2,5% menor, até chegar, no quinto ano, em 40% do que hoje o Estado desembolsa para manter as duas emissoras. Assim, só nos cinco primeiros anos, a economia prevista deverá ultrapassar os R$ 130 milhões. É estimada a criação de mais de 750 empregos permanentes no mercado audiovisual gaúcho, com uma receita de R$ 80 milhões ao ano.

Congresso desmoralizado


Decisões não são mais reconhecidas como expressão da cidadania, mas apenas como sabotagem grosseira dos esforços para sanear as contas nacionais

O Congresso Nacional é, por definição, o esteio da democracia representativa. Não seria exagero dizer que é ali que a vontade popular se manifesta de maneira mais clara, e disso deriva sua força no sistema de freios e contrapesos ao qual os Poderes republicanos estão submetidos. Por essa razão, tudo o que emana do Congresso deveria ser lido como a expressão soberana dos desejos do povo, cabendo aos demais Poderes fazer com que essa vontade seja transformada em realidade. No entanto, quando o Congresso se degrada a tal ponto que os interesses da coletividade são sistematicamente desprezados para garantir os privilégios de corporações bem organizadas, mesmo diante da evidente incapacidade do Estado de arcar com essas benesses, cria-se uma situação em que, para o bem do País, é melhor que o Executivo encontre maneiras de ignorar certas determinações dali originadas, de tão flagrantemente inconstitucionais e danosas que são ao bem público.
Esse tem sido o caso da chamada “pauta-bomba” do Congresso, que, em ano eleitoral, cria uma série de despesas e concede benefícios a setores específicos, medidas que, no conjunto, podem ter impacto de R$ 100 bilhões nos próximos anos. Um exemplo é o perdão de dívidas tributárias de produtores rurais – o Congresso derrubou o veto do presidente Michel Temer a mais essa farra. Além disso, tramita projeto que determina a transferência de R$ 39 bilhões por ano a Estados como compensação por perdas – há muito já absorvidas – com a Lei Kandir, que em 1996 desonerou de ICMS a exportação de produtos primários e semielaborados. Outro absurdo é a concessão de diversos benefícios para transportadores, depois da criminosa greve dos caminhoneiros que sufocou o País em maio. Por fim, mas não menos obscena, foi a exclusão, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da proibição de reajuste salarial para os servidores públicos em 2019.
Quando a equipe econômica faz ressalvas a medidas desse tipo, apelando para o bom senso dos parlamentares neste momento difícil do País, a reação de parte do Congresso tem sido quase sempre negativa – mais de uma vez, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, disse que a equipe econômica “não manda” na pauta de votações. 
Diante desse cenário de manifesta irresponsabilidade, não parece restar alternativa ao Executivo senão privilegiar o respeito à Constituição e à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que proíbem criar despesas sem que se estabeleça de onde virá o dinheiro para bancá-las. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a renegociação das dívidas dos produtores rurais. Como contou o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, ao Valor, assim que o Congresso derrubou o veto do presidente Temer, a equipe econômica informou ao Banco do Brasil que não tinha orçamento para cumprir o que foi aprovado. “Voltamos ao Congresso e dissemos: ‘Precisamos de R$ 17 bilhões para ter crédito orçamentário e fazer o que vocês mandaram. De onde querem tirar?’”. Segundo ele, “isso criou um mal-estar, porque precisa fazer conta antes de aprovar”. A solução foi uma medida provisória que alterou “o que foi feito na lei do Congresso”.
Como salientou o ministro Guardia, não se trata de desrespeitar o Congresso, mas de respeitar a lei. Ele relatou diálogo esclarecedor que teve, a esse propósito, com o presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Raimundo Carreiro. “Se eu cumprir a lei aprovada pelo Congresso dando o benefício (aos produtores rurais), há o entendimento de que estarei descumprindo a Constituição e a Lei de Responsabilidade Fiscal. O senhor pode me ajudar a decidir qual lei devo descumprir?” Ao que o presidente do TCU, segundo Guardia, respondeu: “Recomendo fortemente não descumprir nem a Constituição nem a Lei de Responsabilidade Fiscal”. Assim, disse o ministro, “o que o Congresso não pode fazer é descumprir a LRF e me obrigar a realizar despesa para a qual não temos orçamento”.
Eis aí a que grau chegou a desmoralização do Congresso, cujas decisões não são mais reconhecidas como expressão da cidadania, mas apenas como sabotagem grosseira dos esforços para sanear as contas nacionais.

Proposta para moralizar o Brasil


A aproximação das eleições tem me feito pensar sobre as mudanças mais necessárias para construirmos um país próspero e justo. Concluí que uma das razões essenciais de nossas mazelas é nossa incapacidade de separar direitos de privilégios.
Um direito tem de ser universal, conquistado em um processo justo, e que beneficie também a sociedade como um todo, não apenas seu beneficiário direto. Um “direito” que só alguns têm, que não foi conquistado de forma justa, ou que só beneficia quem o conquistou não é um direito, é um privilégio. Por exemplo, o direito universal à educação básica de qualidade beneficia não apenas os estudantes, mas toda a sociedade que passa a contar com profissionais mais produtivos e cidadãos mais conscientes. Por outro lado, alguns estudarem de graça em universidades públicas, financiadas pelos impostos pagos por todos, é bom para eles, mas como não é extensivo a todos, é na realidade um privilégio.
No Brasil, o setor público se autoconcedeu uma infinidade de privilégios que os outros brasileiros não têm. Esta situação tem de acabar.
Recentemente, a Câmara Municipal de São Paulo aprovou um projeto que cria para os funcionários do Tribunal de Contas do Município dois novos “direitos” e lhes concede um aumento do salário-esposa – uma absurda remuneração para homens casados com mulheres que não trabalham. Só então descobrimos que milhares de funcionários municipais e estaduais de São Paulo recebem há décadas o tal salário-esposa. Quantas outras mordomias escandalosas, financiadas com o dinheiro de todos os brasileiros deve haver?
No Brasil, o setor público se autoconcedeu uma infinidade de privilégios que os outros brasileiros não têm. Esta situação tem de acabar.
Minha conclusão é que a lei mais urgente que o país necessita é a Lei da Moralização, uma Emenda Constitucional que proíba a criação e acabe com qualquer benefício, auxílio, regalia previdenciária ou abono existentes no setor público que não sejam exatamente iguais aos existentes no setor privado. Políticos, juízes, membros dos tribunais de contas, militares e todos os outros servidores merecem ser muito bem tratados, exatamente como os demais brasileiros que pagam os seus salários e benefícios, não melhor do que eles.
O serviço público foi deturpado. Quem deveria servir ao público, com frequência está apenas servindo-se do que é público. Chega de privilégios, as regras têm de ser iguais para todos.
Apoio a este projeto deve ser o primeiro critério de todos nós para a seleção e eleição para qualquer cargo em outubro. Quem não está disposto a aprovar uma lei assim, logo na primeira ação do seu mandato, quer manter o sistema atual de privilégios às suas custas. Cobre do seu candidato o compromisso da aprovação da Lei da Moralização. Se ele não se comprometer, troque de candidato.
#mesmasregrasparatodos #leidamoralizacao

- Ricardo Amorim, autor do bestseller Depois da Tempestade, apresentador do Manhattan Connection da Globonews, o economista mais influente do Brasil segundo a revista Forbes, o brasileiro mais influente no LinkedIn, único brasileiro entre os melhores palestrantes mundiais do Speakers Corner, ganhador do prêmio Os + Admirados da Imprensa de Economia, Negócios e Finanças, presidente da Ricam Consultoria e cofundador da Smartrips.co e da AAA Plataforma de Inovação.

terça-feira, 17 de julho de 2018

Seria verdade se não houvesse juízes em Berlim


 STF perdeu condições de assumir função de reserva de emergência da democracia 

*FRANCISCO FERRAZ, O Estado de S.Paulo

Após o gesto de arrogância do imperador Frederico II que exigia comprar o moinho de um camponês para ampliar seu castelo, ameaçando-o de tomar-lhe a propriedade diante da recusa, assim respondeu o camponês: “Isso seria verdade, se não houvesse juízes em Berlim!”.
Poucas expressões ilustram com igual força a esperança do cidadão comum na Justiça para protegê-lo da arbitrariedade. Sob a égide dessas esperanças o Poder Judiciário adquiriu uma autoridade moral e uma responsabilidade únicas na edificação do Estado de Direito.
Enquanto as autoridades de outros Poderes podem ser influenciadas por interesses pessoais, preconceitos e simpatias políticas, os juízes permanecem firmes, serenos, comprometidos com a Constituição e o Estado de Direito. Embora seja uma imagem fortemente idealizada, ela corresponde às expectativas da cidadania democrática e os juízes e ministros, como regra, zelam para não se afastar delas.
Ao STF, cúpula do Judiciário, sempre se reconheceu essa imagem de independência na defesa dos princípios democráticos e da Constituição, de preservação da segurança jurídica, além da óbvia coerência jurídica, da autêntica cortesia e do respeito mútuo entre seus pares e do indispensável equilíbrio pessoal. Hoje, infelizmente, o STF parece afastar-se desses princípios que o legislador constitucional lhe outorgou e a cultura cívica dos cidadãos consolidou.
Um órgão concebido para pronunciar-se primariamente por seu plenário está cada vez mais decidindo por suas turmas, quando não monocraticamente. Mais grave ainda, está incorrendo na perigosa prática de opor turma ao plenário, sempre que com esse expediente se contorne o problema da maioria.
Difícil entender como não percebem os ministros que, ao substituírem o pronunciamento do plenário pelo da turma ou pelo monocrático, a natureza suprema do STF se debilita; que a condição individual de ministro fica comprometida por não ter a autoridade moral que a de membro do plenário lhe confere.
Mais grave ainda é não estar consciente de que o conflito pessoal, público e agressivo entre ministros reduz mais ainda a legitimidade de um órgão que foi concebido para lidar com sabedoria, prudência e respeito com as inevitáveis divergências.
É também inconcebível permitir que divergências transformadas em conflitos com titulares de outras esferas judiciais comprometa a autoridade moral dos ministros, contribua para estimular dúvidas sobre sua isenção e enfraqueça a imagem do Poder Judiciário e da própria democracia para os cidadãos.
Mais lamentável, porém, é o fato de que o Poder Judiciário, não obstante suas imperfeições, era o que nos restara da tradição de racionalidade, independência, profissionalismo, competência e dedicação que originalmente formatou a natureza do serviço público, herdado da experiência europeia do século 19 e que, pelo abuso do casuísmo interesseiro e do aparelhamento partidário do Estado, destruímos ao longo dos séculos 20 e 21.
Uma tradição secular, cultivada na Corte por sucessivas gerações de juristas, ficou comprometida pela interferência política, pelos egos exacerbados, pelas antipatias pessoais, por uma desnecessária e exagerada presença na mídia, pela exibição descabida de erudição e pelo uso legitimador dos argumentos especiosos, falácias e até mesmo chicanas para obter maioria em decisões.
Pela anuência de seus ministros, questões políticas desgastantes que não se encontram taxativamente decididas nas leis, nos decretos, na tradição, nas regras morais, no bom senso são levadas a decisões da Suprema Corte, cuja pauta vem sendo ocupada por certos assuntos políticos que bem podiam ser decididos pelas Casas do Legislativo, pelos partidos, pelo governo federal e por órgãos de outras instâncias do Judiciário.
Essa abertura do STF para as questões políticas foi muito além do razoável por motivos procedimentais, como a pauta sobrecarregada de ações que exigem julgamento imediato; razões político-midiáticas decorrentes da transmissão das sessões pela TV e do tratamento dos ministros pela mídia como personagens políticos; pela ação dos advogados que, em razão de seus clientes, ganharam acesso privilegiado ao STF; e, principalmente, pela esperteza da classe política – do Legislativo e do Executivo –, que, ameaçada pela Operação Lava Jato, evita decisões impopulares, entregando de bom grado parte de suas responsabilidades ao Judiciário na sua esfera mais elevada.
O maior adversário do STF entretanto, a constranger sua liberdade, é a jurisprudência firmada. Há que contorná-la para ajustar a decisão às necessidades políticas. Nesse procedimento reside um dos maiores riscos para qualquer tribunal superior.
Nada é mais difícil para uma Corte de Justiça do que a fixação da jurisprudência firmada. Não por outra razão os ministros costumam ser avaros para exercer esse poder e mais avaros ainda para modificá-la.
Sabem que, ao fixá-la, estão assumindo a responsabilidade de decidir por antecipação, o que só pode ser feito transitando no limite de suas competências. Sabem que essa é uma competência que se legitima por sua permanência, no duplo sentido de duração temporal e resistência à mudança.
A história das instituições democráticas ensina que por vezes, em casos de graves crises, instituições podem perder sua capacidade de reagir aos desafios que enfrentam. Nessas situações por vezes ocorre o fenômeno da substituição institucional, isto é, outra instituição dilata suas competências para substituir na prática e transitoriamente a que foi paralisada pela crise. Infelizmente, na atual situação, quando Legislativo e Executivo evitam enfrentar a grave crise em que nos encontramos para se ocuparem das eleições, o Judiciário, pelo seu órgão supremo, perdeu as condições de assumir a função de substituição institucional, como uma reserva de emergência da democracia.
*PROFESSOR DE CIÊNCIA POLÍTICA E EX-REITOR DA UFRGS, É CRIADOR E DIRETOR DO SITE WWW.MUNDODAPOLITICA.COM.BR


Artigo, Tito Guarniere - América


TITO GUARNIERE

AMÉRICA

Mais ou menos a cada dois anos viajo aos Estados Unidos. Anotei algumas diferenças entre cá e lá.

Na América, idosos não gozam de privilégios e vantagens, comuns por aqui. Por exemplo, eles não dispõem de vagas especiais nos estacionamentos e não gozam de preferência em filas de banco, supermercado, ou embarque aéreo. Então os idosos são melhor tratados no Brasil? Em termos.

Lá, o conceito de preferência não está na idade, mas na dificuldade de locomoção, por doença ou invalidez. Os EUA tratam de forma igual um idoso de 80 anos, se ele estiver saudável, se pode se deslocar sem auxílio, se pode ir no supermercado ou viajar de avião. É assim que os americanos enxergam os seus velhos. E é assim que eles próprios se enxergam: por que eu, idoso, devo merecer favor, se estou íntegro e saudável?

Os velhos também não se beneficiam de passagem grátis no transporte público – ônibus, metrô. O raciocínio, no caso, é simples: se o serviço é gratuito para alguém, outro vai pagar no lugar dele. Os americanos detestam essa “transferência”.

Na América, em muitos estados, os carros só têm placas traseiras. As placas têm o mesmo tamanho, mas o desenho, os códigos, a combinação de números e letras é da vontade e concepção de cada estado, e a rigor, do dono do carro. A placa é ligada ao dono, não ao carro. O dono pode vender o carro e ficar com a placa. Em estados como a Flórida, há uma placa comum, com a laranja de símbolo, mas com $ 50 dólares você pode “desenhar” a sua entre dezenas de modelos. Os $ 50 dólares adicionais da placa são destinados a iniciativas meritórias, como campanhas de saúde e programas ambientais.

Nas cidades americanas, não há hipótese de você ver aquela penca de motoqueiros costurando, fazendo evoluções perigosas no meio dos carros. Nos EUA de 320 milhões de habitantes, existem nove milhões de motos. No Brasil de 200 milhões de pessoas, são 22 milhões de motos. Em muitos estados o uso do capacete não é obrigatório. É arriscado? Certamente. Mas cada um que cuide de si e corra seus próprios riscos. Nada parecido com o Brasil, onde o Estado “protege” o cidadão dos perigos reais e supostos, a partir do conceito de que ele – o cidadão – é meio tanso e não sabe cuidar de si.

Todos os postos de gasolina são “self-service”. Não há frentistas. É uma operação simples em que o condutor abastece o carro e opera o seu próprio cartão de crédito junto à bomba. Entrei num posto de gasolina com oito ilhas de bombas, com seis bombas em cada uma. Atrás, um único funcionário dava conta de atender o caixa e a loja de conveniência, em horário de expediente. Certamente essa é uma das razões pela qual o litro de gasolina custa R$ 2,50 reais na América, enquanto aqui custa em torno de R$ 4,90 reais.

Os ônibus urbanos não têm cobradores há mais de 25 anos. O motorista sozinho faz o troco no caso de pagamento em dinheiro, dirige o ônibus, orienta os passageiros e instala ele mesmo o andaime que facilita o embarque ou desembarque de pessoas portadoras de deficiência.

Essas práticas ainda não chegaram por aqui. Mas deve ser porque nós somos mais inteligentes do que os americanos.

titoguarniere@terra.com.br